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Catatumbo renueva su hoja de ruta hacia la paz: 32 programas y 443 proyectos fortalecen el PATR

Director de la ART y comunidades de Catatumbo en actualización de PATR
Catatumbo
Cúcuta, Norte de Santander

La Subregión PDET del Catatumbo definió en la actualización del Plan de Acción de Transformación Regional (PATR) una inversión estimada entre $6.5 y $7.47 billones de pesos para los próximos ocho años. Estos recursos permitirán la implementación de 32 programas y 443 proyectos orientados a impulsar el desarrollo territorial y cerrar brechas históricas en la región.

El PATR actualizado consolida los capítulos Intercultural y Barí, incorporando metas claras, indicadores de seguimiento y la ruta de implementación, bajo enfoques Barí, de género, reparador y territorial. El proceso de revisión inició en 2023 y se desarrolló en espacios municipales y subregionales que garantizaron la participación comunitaria e institucional.

El acuerdo fue definido y suscrito tras una jornada de revisión y actualización desarrollada durante cinco días en Cúcuta, con la participación de las autoridades del pueblo Barí, líderes y lideresas comunitarias, delegadas y delegados de organizaciones campesinas, sociales y de mujeres, representantes de personas en condición de discapacidad, población LGBTIQ+, la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Gobernación de Norte de Santander y las alcaldías municipales.

El acto no solo formaliza un documento, ratifica el PATR como la hoja de ruta para continuar la implementación del Acuerdo Final de Paz en el territorio, que con la recién aprobada Ley 2265 de 2026, se amplía por diez años más la vigencia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), fortaleciendo la apuesta de largo plazo por la transformación y la paz en el Catatumbo.

Para las mujeres del Catatumbo, la actualización representa un avance en reconocimiento y participación. Yaqueline Mejía, lideresa de la Mesa Comunitaria de El Tarra, afirmó: “ahora se nos visibiliza, se nos dan espacios amplios para ser escuchadas y se ejecuten proyectos por los que luchado desde hace varios años”.

 No obstante, enfatizó que el reto es mayor: “El llamado a la institucionalidad es a hacer más visibles a las mujeres y a las asociaciones en los espacios de participación, porque a nosotras se nos han negado muchos espacios”.

Por su parte, Aleider Contreras, del municipio Hacarí, recordó que el camino no comienza hoy: “Hace 8 años construimos los PDET y aunque ha habido obstáculos, se ha avanzado significativamente”. Frente a la ampliación de los PDET, señaló: “Estos diez años más permiten proyectar que lo que no se ha cumplido, se haga”. Al tiempo, pidió mayores claridades frente a la ejecución de los proyectos y una incidencia real en los territorios.

Durante el encuentro, el director general de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Raúl Delgado, celebró la firma de la Ley 2265 por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, que amplía por diez años la vigencia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Asimismo, propuso que la norma sea conocida como la “Ley Diógenes Quintero”, en homenaje al congresista del Catatumbo, reconocido defensor de derechos humanos y representante de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, quien falleció recientemente en un accidente aéreo.

También invitó a las comunidades a respaldar el Pacto por la Transformación Social del Catatumbo, una apuesta estratégica que busca garantizar la mayor inversión histórica en la región y consolidar un proceso sostenido de desarrollo y paz territorial.

Con la firma del acta de compromisos, las comunidades reiteraron que la implementación del PATR debe traducirse en garantías efectivas de participación en la estructuración, ejecución, seguimiento y control social de los proyectos, así como en resultados concretos que fortalezcan la confianza entre el Estado y el Catatumbo.

La actualización del PATR abre una nueva etapa en la que la paz territorial se fortalecerá con el cumplimiento de los compromisos asumidos y la participación activa y permanente de las comunidades campesinas, las mujeres, el pueblo Barí y los sectores históricamente excluidos.